El primer decreto, que incluía la prohibición de desahucios de personas vulnerables hasta 2030 y la prórroga de los contratos de alquiler que vencían ese año, recibió 172 votos a favor y 178 en contra. Lo apoyaron PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV, Podemos, BNG, CC y Compromís, y lo rechazaron PP, Vox, Junts y UPN.
El segundo decreto, impulsado por Sumar a propuesta del Sindicato de Inquilinas, establecía la renovación automática de los contratos de alquiler y una indemnización de doce mensualidades si el propietario quería romperlo. Obtuvo 166 votos a favor y 184 en contra: a PP, Vox, Junts y UPN se sumaron PNV y Coalición Canaria.
Según la crónica de Europa Press, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, pidió a Junts que se abstuviera, y Sánchez advirtió a quienes votaran en contra de que «la historia les juzgará».
Contexto
Un real decreto-ley entra en vigor al publicarse, pero el Congreso debe convalidarlo en un plazo de 30 días; si lo deroga, decae. La votación se produjo en plena movilización social por la vivienda, que el CIS sitúa como principal problema del país en su barómetro de octubre.