El Consejo de Ministros aprobó dos reales decretos-ley que, según La Moncloa, mantienen la esencia de los derogados el 2 de octubre. Incluyen una deducción en el IRPF para inquilinos (cerca de 1.000 euros al año con un alquiler de 800 euros al mes), una línea de 10.000 millones del ICO para préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para la primera vivienda, 280 millones en avales para vivienda industrializada y 400 millones para proveedores de vivienda social, además de límites a la compra de viviendas por fondos y la tributación de los pisos turísticos como actividad empresarial.
Uno de los decretos prorroga hasta dos años los contratos de inquilinos al corriente de pago; el otro, la prórroga automática de contratos, solo entraría en vigor si la Diputación Permanente lo convalida. El propio Gobierno reconoció que este segundo texto no tiene hoy mayoría suficiente.
Según el análisis de Maldita.es, la Diputación Permanente tiene 69 miembros (mayoría simple de 35) y asume las facultades del Congreso disuelto, incluida la convalidación de decretos-ley. Los juristas consultados por Maldita.es discrepan sobre si volver a aprobar textos ya derogados es legítimo o supone un fraude constitucional.
Contexto
El artículo 78 de la Constitución atribuye a la Diputación Permanente las funciones del Congreso cuando la Cámara está disuelta. Hay precedentes de convalidaciones en periodo electoral, como el decreto por la quiebra de Thomas Cook en octubre de 2019.